El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado a mediados de agosto dos reglamentos de ejecución por los que se establecen medidas en los sectores de las frutas y hortalizas y la vitivinicultura para tratar de solventar problemas específicos causados por los fenómenos climáticos adversos durante la primavera de 2023. Estas flexibilidades fueron solicitadas por España a la Comisión Europea (CE) el pasado abril, «tras constatarse la imposibilidad para viticultores y organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) de cumplir con algunos de los requisitos exigidos debido a la situación de sequía».

En el caso de las OPFH, los reglamentos permiten que «éstas puedan recurrir a producciones de terceros para atender sus compromisos de suministro en un volumen superior al de su producción propia». Esta posibilidad «evitará que las organizaciones puedan perder clientes por la caída de la producción de sus socios a causa de la sequía u otras adversidades climáticas».

Los reglamentos «eliminan también las restricciones en el uso de los fondos para las medidas de prevención y gestión de crisis, e incrementan hasta el 60% el nivel de financiación comunitario, que de manera ordinaria es del 50%».

Por lo que se refiere al sector vitivinícola, para la medida de reestructuración y reconversión de viñedo, «la CE atiende la solicitud española de flexibilización de los requisitos para la transición entre el Programa de Apoyo al Sector del Vino (PASVE) y la Intervención Sectorial Vitivinícola del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) que ha entrado en vigor este año». Así, evitará que los viticultores que no hayan podido acometer esta primavera las acciones de replantación «no pierdan su derecho de poder hacerlo», ya que se habilita un plazo para poder realizarlas hasta el próximo año.

Además, se prorroga por 12 meses adicionales «la vigencia de las autorizaciones de plantación de viñedo que hayan caducado o caduquen en 2023 para que puedan ser utilizadas en la campaña siguiente». Los titulares que no quieran beneficiarse de esta prórroga podrán renunciar a las autorizaciones sin ser sancionados.
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