La denuncia contra la Comisión Europea puede prosperar porqué "actuó mal y tarde"

Ésta fue la conclusión de la reunión convocada el pasado 20 de noviembre por Afrucat y Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya y que contó con el prestigioso Bufete Roca Junyent.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"2010","attributes":{"class":"media-image alignright size-medium wp-image-7949","typeof":"foaf:Image","style":"","width":"300","height":"175","title":"foto-web9","alt":""}}]]«Hay declaraciones de la propia Comisión admitiendo que este verano se estaba viviendo una situación de crisis y que, a pesar de que la PAC dispone de mecanismos para hacerle frente, estos no se activaron» declaró ayer Miquel Roca Junyent en la sesión informativa organizada por Afrucat y Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya junto con las organizaciones sindicales y otras organizaciones empresariales de Aragón.

La reunión tuvo por objeto informar a las empresas catalanas y aragonesas sobre la viabilidad de presentar una demanda a la Comisión europea ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo a raíz de la crisis vivida por el subsector de la fruta de hueso este verano. La demanda por daños y perjuicios versaría sobre las infracciones del ordenamiento de la UE en las que incurrió la Comisión al actuar de forma negligente y tardía tanto en la aplicación de los mecanismos de la política agrícola comunitaria como por la responsabilidad extracontractual derivada de la no adopción de medidas transitorias para las mercancías afectadas por el veto ruso.

El objetivo es doble: resarcimiento por las pérdidas sufridas y la obtención de garantías de estabilidad para futuras campañas, reclamando lo que es justo.

El bufete aseguró que no se trata de la primera vez que se presenta una demanda de este tipo pero sí la primera vez que se hace sobre un reglamento del sector frutícola. Miquel Roca Junyent aseguró que «la clave para que prospere la demanda se basa en probar que se ha perjudicado al sector de la fruta, tanto si es a las empresas como a los productores de base. Vamos a necesitar mucha documentación. Las empresas van a tener que demostrar y cuantificar el importe perdido por la falta de actuación de la Comisión».

En este sentido tanto las organizaciones profesionales, como la administración comprometieron su apoyo al proceso y pusieron a disposición del bufete toda la información necesaria para la cuantificación de las pérdidas.

En el caso más desfavorable, en que las pérdidas no se considerasen probadas por parte del tribunal, el sector podría obtener una sentencia que le asegurase una mayor estabilidad económica futura no sometida a actuaciones políticas y administrativas. «Nos hallamos ante un veto que seguramente se prolongará a inicios de la siguiente campaña y necesitamos que la Comisión esté alerta para no volver a cometer este error», añadió Roca Junyent.

En estos momentos, para consolidar una mayor credibilidad, es importante presentar la demanda en un plazo corto de tiempo y aglutinar el mayor número de empresas afectadas dispuestas a demandar a la Comisión.

El Bufete también cuantificó la posible duración del proceso entre 16 y 18 meses.