Los representantes de los agricultores y ganaderos, así como el resto de los agentes de la cadena alimentaria, han dado su opinión y realizado las aportaciones que han considerado oportunas en el marco de las comparecencias convocadas por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados con motivo del inicio de la tramitación del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria.

En representación de Cooperativas Agro–alimentarias de España, su director general, Agustín Herrero, ha señalado que esta normativa debe perseguir una retribución adecuada al esfuerzo y la aportación del sector productor, así como el resto de los eslabones de la cadena alimentaria, que le permita mantenerse, invertir, innovar y desarrollar proyectos empresariales viables. Asimismo, ha indicado que «las cooperativas no queremos vender a precios inferiores a los costes de producción, pero a veces, no hay compradores dispuestos a pagar determinados niveles de precios, y en esos casos, es peor no vender y perder la totalidad del valor de los productos». Para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del sector productor «no hay atajos ni medidas inmediatas», y desde Cooperativas Agro–alimentarias continuarán trabajando «para mejorar la organización económica del sector, pero es necesario contar con un sector organizado, con mecanismos de gestión de la oferta que permitan ajustar atenuar los efectos de una sobreoferta, con una reciprocidad efectiva en las exigencias a las importaciones, y con una cadena alimentaria transparente en todos sus eslabones».

FEPEX ha alertado que la Ley de la Cadena Alimentaria puede incentivar el crecimiento de la importación en el sector de frutas y hortalizas, destacando, además, la dificultad para concretar algunos puntos claves de esta norma, como determinar el coste efectivo de producción y en consecuencia el precio cierto que debe recoger el contrato entre el comprador y el vendedor. El director de esta organización, Jose María Pozancos ha explicado que comparte los objetivos de la Ley y de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, pero considera que la exigencia de que todas las producciones, independientemente de su competitividad o de la situación de los mercados tengan un precio igual a su coste de producción, provocará que una parte importante de la producción no pueda acceder al mercado, lo que favorece a la competencia de terceros países y comunitaria.

Pozancos ha explicado también que, en el sector español de frutas y hortalizas, la exportación representa el 65% de la facturación, por tanto, las condiciones de competencia en los mercados exteriores son decisivas y estas condiciones están llevando a un incremento continuo y constante de las importaciones.

Además, FEPEX ha planteado también la dificultad de concretar algunos puntos clave de la Ley como determinar el precio cierto que debe recoger el contrato entre el comprador y el vendedor. La volatilidad de los mercados provoca que la horquilla de precios, por ejemplo, de tomate redondo, llegue al 300% en una misma campaña.

Decálogo de mejoras
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado 10 propuestas de mejora de la Ley de Cadena Alimentaria (entre las que se incluye la regulación de la ‘venta a pérdidas’ y la inclusión del canal Horeca en el ámbito regulatorio y la puesta en marcha de un Registro oficial electrónico de contratos) para reforzar la eficacia de la misma «y conseguir así un reparto justo y equitativo del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones que operan entre el campo y la mesa».

Durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha defendido las modificaciones de dicha Ley que recoge el Real Decreto 5/2020 aprobado en febrero del pasado año al hilo de las históricas movilizaciones y tractoradas por toda España. En este sentido, ha valorado el articulado que establece que, para la fijación de los precios en los contratos, uno de los factores objetivos a emplear deberá ser el coste de producción, en base a «criterios imparciales y que tengan como referencia datos de consulta pública» y que, para evitar la destrucción de valor en la cadena, «cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto objeto de contrato».

«La pandemia ha puesto en valor el carácter esencial del sector agrario. Pero esto no se ha traducido en una mejor posición de los agricultores y ganaderos en los mercados. Los precios en origen siguen en una tendencia a la baja, al tiempo que se incrementan los costes de producción. Y en esta tendencia, la posición de abuso de posición dominante de las grandes cadenas de distribución tiene mucho que ver», ha subrayado Blanco.

Por su parte, el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luís Benítez, ha defendido una ley justa para todos los operadores de la cadena y que no cree problemas adicionales, poniendo énfasis en tres aspectos fundamentalmente: la inclusión de todos los operadores en la cadena con independencia de su forma jurídica; profundizar y aclarar el concepto del coste efectivo de producción para evitar inseguridad jurídica y que se creen índices de precios artificiales, así como mantener el control de las Denominaciones de Origen supraautonómicas en manos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Si el 2020 ha sido declarado por la Asamblea General de la ONU como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, este mismo organismo ha declarado el 2021 como el Año Internacional de las Frutas y las Verduras (AIFV), para promover el aumento del consumo de estos grupos de alimentos, reducir su impacto medioambiental y fomentar estilos de vida más saludables.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha manifestado durante el lanzamiento oficial de este Año que «las frutas y verduras son la piedra angular de una dieta sana y variada. Proporcionan al cuerpo humano abundantes nutrientes, refuerzan el sistema inmunológico y contribuyen a reducir el riesgo de contraer muchas enfermedades. Sin embargo, a pesar de estos enormes beneficios, no las consumimos en cantidades suficientes». Para añadir que un momento clave de esta conmemoración «será la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, en la que pediremos a todos que intensifiquen sus esfuerzos para que los sistemas alimentarios sean más inclusivos, resilientes y sostenibles».

Además, la pandemia de la Covid–19 continúa afectando a la salud y los medios de vida de las personas en todo el mundo. Por ello, Guterres ha indicado que «debemos unirnos para asegurar que los más vulnerables reciban alimentos nutritivos, incluidas frutas y verduras, sin dejar a nadie atrás».

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tres de cada cuatro muertes en América Latina y Caribe son causadas por enfermedades no transmisibles generadas por el sobrepeso y obesidad tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. El Año Internacional de Frutas y Verduras busca controlar estas cifras y concienciar acerca de los beneficios de estos alimentos.

La iniciativa fue presentada a la Asamblea General en 2019 por el Gobierno de Chile, ya que sólo el 15% de los chilenos consume suficientes frutas y verduras, según la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. En áreas urbanas, el consumo de frutas alcanza un 15,5%, mientras que en áreas rurales sólo es de un 11,7%.

Los principales objetivos del Año Internacional de Frutas y Verduras son:

– Concienciar sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras para la salud y la nutrición y orientar las políticas hacia dichos beneficios.

– Promover dietas y estilos de vida saludables, equilibrados y diversificados mediante el consumo de frutas y verduras.

– Reducir la pérdida y el desperdicio en los sistemas alimentarios de las frutas y verduras.

– Difundir las mejores prácticas sobre el fomento del consumo y la producción sostenible de frutas y verduras en apoyo de los sistemas alimentarios sostenibles; mayor sostenibilidad en el almacenamiento, transporte, comercio, procesamiento, transformación, venta minorista, reducción del desperdicio y reciclaje, así como en las interacciones entre estos procesos; integración de los pequeños agricultores, en especial los agricultores familiares, en las cadenas de producción, suministro y valor locales, regionales y mundiales en aras de la producción y el consumo sostenibles de frutas y verduras, reconocimiento de las contribuciones de las frutas y verduras, incluidas las razas no mejoradas y las variedades del agricultor, a su seguridad alimentaria, nutrición, medios de vida e ingresos, y el fortalecimiento de la capacidad de todos los países, y en especial de los países en desarrollo, para adoptar enfoques y tecnologías innovadores de la lucha contra la pérdida y el desperdicio de frutas y verduras.

Por su parte, FEPEX ha señalado que el Año Internacional de las Frutas y las Verduras ofrece «una oportunidad única de sensibilizar sobre la importancia de las frutas y verduras para la nutrición humana y para la salud».

Thomas Mur 'Interpoma sigue siendo la plataforma especializada líder del mundo para el comercio de la manzana incluso en formato digital'

Cerca de 1.000 personas de 50 países han participado en el Interpoma Connects, la primera edición digital del Interpoma Congress en sus más de 20 años de historia, que se ha llevado a cabo en este formato durante dos días a mediados del mes de noviembre.

Un total de 14 expertos internacionales presentaron sus ponencias en esta plataforma, las cuales trataron sobre los resultados de investigaciones recientes y las estrategias de sostenibilidad del futuro. Así, entre otros, se habló de comunicación creativa; se presentó una estrategia de sostenibilidad en el Tirol del Sur; se expusieron los resultados de un estudio de la huella de CO₂ de la manzana, el cual destacaba que el impacto medioambiental de la producción regional debe mejorarse y, a su vez, deben cumplirse las necesidades de los fruticultores y el deseo de los consumidores en pos de una producción más sostenible; se dio a conocer un proyecto de cooperativa muy prometedor sobre cero residuos en la agricultura, y se introdujeron alternativas al portainjerto de la manzana M9 en conjunto con representantes de programas de reproducción originarios de Gran Bretaña, Nueva Zelanda y los EE. UU.

Por su parte, el Interpoma Business Match contó con 256 asistentes de 40 países, y en el mismo se realizaron 138 reuniones virtuales B2B entre negocios de 20 minutos cada una, es decir 46 horas de interacción directa entre actores del comercio de la manzana internacional.

Tampoco faltó el premio Interpoma Startup Award para la mejor empresa joven. El jurado, compuesto por ocho expertos, escogió a Pixofarm, de Austria, que presentó una aplicación que permite utilizar imágenes de manzanas para recibir información a tiempo real sobre el estado del fruto y realizar previsiones de cosecha. Como reconocimiento principal, esta empresa emergente obtuvo un puesto propio en la próxima edición presencial de la feria internacional del comercio de la manzana Interpoma, prevista, en un principio, del 4 al 6 de noviembre del 2021, donde podrá presentarse ante un público especializado internacional.

Thomas Mur, director de la Fiera Bolzano, organizadora del evento, ha señalado que «el elevado número de asistentes internacionales ha demostrado que Interpoma sigue siendo la plataforma especializada líder del mundo para el comercio de la manzana incluso en formato digital. Estamos muy satisfechos con el resultado, el cual nos ha permitido recopilar experiencias muy valiosas que nos ayudarán a seguir desarrollando Interpoma como una plataforma híbrida consolidada con una mezcla de contenidos digitales y presenciales».

La Fiera Bolzano ha concebido la plataforma digital de este año con la ayuda de la Cámara de Comercio de Bolzano y la EEN Enterprise Europe Network.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado en un comunicado “la opacidad con la que se determinan los precios de la almendra” y la actitud del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que “deja desamparados a los productores sin una aplicación efectiva de los cambios introducidos en la Ley de la Cadena Alimentaria y con el mercado controlado por un pequeño grupo de operadores que especulan a su antojo”.

La organización agraria ha puesto en evidencia estos aspectos en una reunión mantenida recientemente con responsables del MAPA sobre la situación de los frutos secos, concretamente de la almendra. En la misma ha señalado que los productores tienen las manos atadas, y “por muchos esfuerzos o inversiones que hagamos por mejorar y hacer viables nuestras explotaciones acabamos chocando contra el muro de los especuladores que se obsesionan en ganar siempre a costa nuestra”.

Unión de Uniones considera que uno de los problemas que afronta el sector es el de la transparencia en los precios, y por este motivo ha insistido en revisar los mecanismos de determinación de las cotizaciones en la Lonja de Reus, que según esta organización, sobre todo en el caso de la almendra, “no reflejan la ley de la oferta y la demanda y que los precios continúan deprimiéndose semana tras semana, marcando a poco más de un mes del inicio de la recolección, los peores precios desde hace muchos años”.

Esta organización agraria, quien ya alertó hace un mes de la constante caída del precio de este fruto seco (un 30% por debajo de las de julio del año pasado), y la diferencia respecto a otros países competidores como Italia (que percibe un precio un 48% superior al que percibe un productor español), argumenta que no tiene sentido, siendo un país deficitario.

Ante la ausencia de expectativas del ministerio para poner en marcha ayudas al sector de frutos secos del tipo puesto en marcha para otras producciones con motivo de la Covid-19, Unión de Uniones “ha reclamado que se recuperen las ayudas de estado a los frutos secos que permite la Organización Común de Mercados (OCM) de productos agrarios, destinada a las superficies de almendro de bajo rendimiento, las más vulnerables frente a la reducción del precio, y que contribuyen a fijar población en el medio rural y evitar su despoblamiento, además del papel medioambiental que cumple en zonas áridas de la costa mediterránea”.

Durante la reunión con los responsables ministeriales también se ha solicitado que se mejoren las estadísticas de producción y balance y poder conocer por medios oficiales los costes medios de producción de la almendra en España. Así, desde Unión de Uniones han señalado que “tenemos una Ley que dice que el precio que se fije en los contratos tiene que respetar los precios reales de producción. Hay que empezar a saber ya si el Gobierno tiene intención de hacer que eso se cumpla o es todo propaganda”.