Un estudio revela que la no renovación del glifosato en España podría suponer un impacto económico negativo de 2.100 millones

Francia, que en 2016 ya se opuso a la renovación de la licencia del herbicida glifosato durante diez años, votará de nuevo en contra de esta propuesta de la Comisión Europea (CE), según ha avanzado el Ministerio francés de Transición Ecológica

 

Prescindir de los herbicidas basados en glifosato supondría un impacto económico negativo que ascendería a más de 2.100 millones de euros en términos de producción, suponiendo un 0,10% de la producción española. Asimismo, en términos de empleo las pérdidas que podría acarrear esta no renovación afectarían a casi unos 5.000 empleos. Estas son las principales conclusiones del Estudio de Impacto socioeconómico de la Agricultura de Conservación y de la no renovación de la autorización del glifosato en España, elaborado por PwC a solicitud de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA).

Estas pérdidas monetarias y laborales se producirían en gran medida como consecuencia de la disminución de la producción agrícola, que afectaría a la actividad de los sectores relacionados –proveedores, clientes, sector de la alimentación, la agricultura, hostelería y la restauración y el comercio al por mayor y al por menor–, según el citado informe de PwC.

 

Tres efectos inmediatos en la agricultura
No renovar la autorización del glifosato afectaría principalmente al sector agrícola generando tres efectos inmediatos sobre la producción agrícola que actualmente lo utiliza: disminución de la producción por hectárea en un 10% en promedio para el conjunto de cultivos; aumento de la carga de trabajo de los agricultores (de 1,91 h/ha a las 3,85 h/ha, un incremento de las horas anuales del 49%), y aumento del coste de la producción agrícola. Los agricultores tendrían que utilizar fórmulas alternativas más caras que incrementarían los costes de producción en torno al 9% y la práctica de la Agricultura de Conservación se vería muy perjudicada.

El estudio refleja que, en relación a las transacciones comerciales, la caída de la producción y el encarecimiento de la misma darían lugar a un incremento de las importaciones de 304 millones y una reducción de las exportaciones de 346, empeorando la balanza comercial en 650 millones de euros. Asimismo, la disminución de la actividad económica tendría un impacto significativo sobre los ingresos de la administración pública, principalmente a través de la reducción de la recaudación fiscal, en 163 millones de euros.

En su conjunto, el sector agrario ha contribuido a reducir el déficit comercial español obteniendo un saldo positivo de 5.323 millones de euros y la caída de la producción supondría una pérdida de PIB agrícola de 296 millones, a lo que habría que añadir 111 millones adicionales derivados de la pérdida por encarecimiento de la producción, lo que conjuntamente supondría una pérdida del 3% del PIB agrícola. Por ejemplo, los cereales sufrirían una caída de producción de 277 millones de euros, es decir una disminución del 7,7%.

 

3,9 m/ha tratados con glifosato
En España el sector agrícola representa el 2,6% del PIB y el 4% del empleo y la superficie tratada con esta sustancia activa asciende a 3,9 m/ha, aproximadamente el 28% de la superficie de cultivo total. Asimismo, la producción de cultivos en los que se utiliza glifosato asciende a casi 19 millones de toneladas y 5.900 millones de euros, lo que supone el 23% y el 21% de la producción agrícola en España en toneladas y en unidades monetarias, respectivamente.

La utilización de glifosato no se limita exclusivamente al entorno agrícola, sino que su uso se extiende al mantenimiento de diferentes infraestructuras, como las industriales, de redes de transporte, vías urbanas, parques y jardines. En torno al 70% de las carreteras son tratadas con herbicidas (unos 125.000 kilómetros anualmente) y más de 15.000 kilómetros de vías férreas. Las alternativas a la utilización del glifosato son sensiblemente más costosas, como es el caso de la siega mecánica, que resulta entre 4 y 5 veces más cara.

Así, por ejemplo, el glifosato se utiliza para evitar el riesgo de incendios que pueda ser originado por las malas hierbas; aumentar el nivel de seguridad al evitar que la mala hierba obstaculice la visión de señales de tráfico y se interponga en la circulación de trenes y vehículos; y evitar que la vegetación sirva como refugio de plagas y enfermedades, principalmente en parques y jardines.

 

Argumentos para la renovación
Desde AEPLA señalan que «la evidencia científica sobre la seguridad de esta sustancia activa acredita para que la Comisión Europea proponga la renovación del glifosato por 15 años, tal como contempla la norma, y ahora los argumentos socioeconómicos muestran el alto valor de esta sustancia activa y el enorme impacto que tendría una no renovación de la misma».

Carlos Palomar, director general de AEPLA, ha indicado que «entendemos y aceptamos un estricto marco normativo como el actual en materia fitosanitaria, pero si pedimos que sea previsible. Solo de esa manera las empresas verán garantía de seguridad para asumir el esfuerzo en inversión que significa desarrollar nuevas soluciones». Para añadir que «entre todos hemos creado y consensuado una estructura organizativa en Europa en la que diferentes organismos y autoridades científicos asumen la responsabilidad de velar por nuestra salud y seguridad alimentaria. Lamentamos que su opinión no sea valorada frente a mensajes emocionales que se posicionan y movilizan en contra de la evidencia científica. Si finalmente se acuerda la no renovación de una sustancia como el glifosato por un periodo de 15 años, cuando su seguridad ha sido confirmada por los organismos competentes en la materia, estaríamos sentando un precedente de muy negativas consecuencias de cara al futuro».

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