La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha reclamado a la conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana que acabe ya con el proceso de erradicación de la Xylella fastidiosa tras detectarse el primer positivo en la provincia de Valencia, concretamente en una explotación de almendro en el término de Villalonga (comarca de La Safor).

El departamento, encabezado por Mireia Mollà, ha comunicado al sector agrario que esta enfermedad sin cura sigue expandiéndose en la Comunitat Valenciana, de tal manera que la zona demarcada alcanzaba las 135.305 hectáreas en 63 municipios (a 31 de diciembre de 2020). Solo en el último año ha aumentado en 7.000 ha dicha zona demarcada, incluyendo los términos de Benifallim y Villajoyosa, además de registrarse el primer brote en Villalonga.

El presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, ha manifestado al respecto que «por culpa de la politización y los intereses de los partidos políticos no está resolviendo con eficacia un asunto de interés general, ya que la enfermedad podría mutar, afectar a otros cultivos y expandirse a otras regiones españolas y europeas». Por eso, ha reiterado que la conselleria de Agricultura «utilice todas las armas que tiene a su disposición para extirpar la Xylella fastidiosa de nuestro territorio, que aplique la ley, que se ponga las pilas, y que al mismo tiempo atienda a los agricultores afectados a través del pago de indemnizaciones en suficiente cuantía, tiempo y forma, dando además ayudas y posibilidades para hacer viables sus nuevas explotaciones agrarias. Si cumple sus obligaciones con decisión, voluntad y dinero, contará con nuestra máxima colaboración». En cambio, si sigue «con un paripé que formalmente vende como erradicación pero de facto es contención, nos tendrá de frente porque no estamos dispuestos a pagar los platos rotos de sus malas decisiones».

La Unión Europea realizará una nueva auditoría el próximo septiembre a fin de evaluar sobre el terreno la evolución de los trabajos de la conselleria de Agricultura contra la Xylella fastidiosa. En la última auditoría, realizada en abril de 2019 (en 2020 no hubo debido a la pandemia), la UE lamentó que «el trabajo no se completó» debido a una «aplicación tardía y parcial de las medidas de erradicación», por lo que la zona demarcada tiene «un alto potencial de infección».