La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pedirá a las autoridades competentes que abran una investigación de las Lonjas de referencia en el sector de la almendra para esclarecer las maniobras especulativas en la fijación de las cotizaciones en origen. El último estudio realizado por esta organización agraria refleja que almendra Premium española cotiza un 33% por debajo que la almendra low-cost de California. «La realidad del mercado mundial va por un lado y nuestras lonjas van por otro. Están sometidas a movimientos especulativos y no responden a la situación real de oferta y demanda», ha denunciado Bernardo Funes, responsable del sector de frutos secos de COAG.

Esta organización ha señalado que los precios percibidos por el agricultor, según la Lonja de Reus, desde comienzos del año 2017 siempre se han encontrado por debajo de los de la almendra importada de EE. UU. por operadores españoles. Además, «la brecha entre ambas cotizaciones se hace cada vez más pronunciada». La diferencia media anual entre ambos precios, siempre a favor de la americana, fue del 9% en 2017, del 10,5% en 2018, del 10,7% en 2019 y del 23,2% entre enero y junio de 2020, alcanzándose el máximo en el mes de junio con una diferencia del 33,1% entre los precios de la almendra de EE. UU. traída a España y los de la cotización en Reus. «Al no poder influir en el precio internacional marcado por el primer productor mundial (EE. UU.), los grandes operadores comerciales han secuestrado el mercado interno para controlar su margen de beneficio», ha subrayado Funes.

Las grandes cualidades organolépticas de las almendras españolas se deben en parte a variedades autóctonas, como ‘Marcona’ y ‘Largueta’, y a las explotaciones de almendro tradicional, con gran implantación en secano y que necesita de un apoyo público claro para su mantenimiento y sostenibilidad. Su cultivo tiene mayores costes que las nuevas explotaciones intensivas y en regadío, aunque su multifuncionalidad ofrece grandes beneficios desde el punto vista medioambiental y social. Por ello, COAG «considera fundamental  que se modifique la arquitectura de ayudas de la PAC para adaptarlas a la nueva realidad del sector y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado mundial para el desarrollo de los frutos de cáscara en España». En este sentido, la organización reclama que «se recupere la ayuda nacional para los secanos, con un complemento al agricultor profesional que llegue hasta el límite de máxima cuantía posible; conceder una ayuda asociada solo a los secanos en pendiente y/o en zonas desfavorecidas, incrementando la cuantía otorgada, y desarrollar un plan de reconversión al que pueda acogerse cualquier superficie de secano».

Por otro lado, COAG ha recordado que las operaciones de compraventa que se realicen en el sector, de manera general y como marca la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, deben efectuarse con un contrato por escrito entre las partes en el cual debe fijarse el precio a percibir, que debe cubrir el coste efectivo de producción.