La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura ha anunciado que recurrirá la decisión, publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que limita de forma retroactiva los derechos de los viticultores, «ya que no se han resuelto de manera favorable las solicitudes presentadas para nuevas hectáreas de cava». En primer lugar, la Junta recurrirá por la vía administrativa mediante un recurso de alzada, dejando la vía judicial a otra instancia.

Según la Junta, «esta resolución supone una vulneración clara al establecer limitación de derechos con carácter retroactivo, sin que se haya justificado. Al menos las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la Resolución deberían ser admitidas». Asimismo, «no queda demostrado en el expediente riesgo de devaluación del mercado y más en el período de tres años que opera tal restricción (2020, 2021 y 2022)», ha subrayado el ente extremeño.

UPA-UCE ha indicado que apoya el recurso que presentará la Junta de Extremadura al considerar que la decisión del MAPA «vulnera los derechos de los productores extremeños».

Esta organización agraria critica la «parcialidad absoluta» con la que actúa el Ministerio de Agricultura, «quien debería trabajar para defender los intereses generales de los productores de uva de toda España, en lugar de favorecer solo a los de una zona concreta como Cataluña».

UPA-UCE considera que con las últimas sentencias «se había hecho justicia pero, de nuevo, el ministerio se empeña en condenar a los productores de uva extremeños impidiéndoles crecer».

La responsable del vino de la organización, Catalina García, ha manifestado que «las expectativas para las próximas campañas son bastantes pesimistas debido al desánimo que reina entre los productores por la fuerte caída de los precios. El sector atraviesa una de sus épocas más difíciles que, además, se ha visto agravada por la pandemia».

Por su parte, la Unión de Extremadura ha señalado que el MAPA ha vuelto a hacer «caso omiso tanto a la sentencia del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid». Esta organización ha lamentado que el ministerio insista «en hacer caso exclusivo a la propuesta que emana de los productores y bodegueros de Cataluña y no tener en cuenta las propuestas y la realidad tanto en Extremadura como en Valencia». Para añadir que la posición del MAPA «raya la prevaricación al no hacer caso absoluto a las sentencias de distintos tribunales». Por todo ello, la Unión ha anunciado un Recurso de Alzada contra la resolución que congela las nuevas plantaciones de viña para cava en los años 2020, 2021 y 2022.