El 25 de enero ha tenido lugar en Vélez–Málaga la primera reunión de la recién constituida Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango, con el fin de elaborar y planificar el programa de acciones y actividades que tienen previsto llevar a cabo durante el 2024.

En esta primera reunión se han incluido temas como la financiación y presupuestos de la entidad y el plan de promoción a desarrollar, así como la organización y estructura de la Interprofesional, que representa de manera integrada a toda la cadena de valor del aguacate y el mango, formada por la producción y la comercialización de ambos productos.

Su presidente, Enrique Colilles, ha indicado que el sector español se enfrenta a grandes retos como promover el aumento del consumo de estas frutas, «para ponernos al nivel de otros países consumidores habituales como son EE. UU., Chile,... desarrollar normas de calidad que nos permitan asegurar a los mercados el suministros de un producto homogéneo y con unos estándares de calidad que aseguren sus buenas cualidades organolépticas y transmitir una información veraz sobre el positivo efecto de los cultivos del aguacate y del mango en la mejora del medio ambiente, por su alta capacidad de absorción de CO₂,  reducida huella hídrica, mejora de la calidad del suelo evitando la erosión de la materia orgánica,…».

Para añadir al respecto que «valoramos muy positivamente la unión de todo el sector para desarrollar las acciones necesarias para lograr estos retos, y la forma de hacerlo a través de la organización interprofesional nos va a facilitar la financiación de las mismas, activando una extensión de norma, utilizando los fondos previstos para estos fines y con la aportación privada necesaria para cumplir los objetivos».

Finalmente, Colilles ha apuntado que «vamos a posicionar y consolidar a este sector como líder de producción y de valor dentro del mercado mundial de estos dos frutos que tantas propiedades tienen tanto para la salud como para el medio en que se desarrollan».

La previsión es que se vuelva a llevar a cabo una reunión el próximo mes de marzo para analizar las primeras propuestas de actuación de la interprofesional.

Las organizaciones profesionales agrarias, a las que se han sumado otras plataformas y colectivos, han retomado esta semana el calendario de movilizaciones con tractoradas que han cortado carreteras y paralizado gran parte del país para reclamar medidas tanto a nivel de la Unión Europea (UE), como del gobierno de España y de las Comunidades Autónomas. Inicialmente, los actos de protesta se han desarrollado en el ámbito más regional.

Los agricultores y ganaderos españoles se quejan, entre otros, de las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE, por lo que reclaman una mayor flexibilización y sensibilización de la Política Agraria Común (PAC); y que la UE siga cerrando acuerdos de libre comercio con terceros países, lo que dificulta el comercio de los productos comunitarios. Asimismo, exigen modificar y ampliar la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores puedan cubrir costes de producción; que se produzca un refuerzo real de los mecanismos de incorporación de jóvenes que propicie el relevo generacional ante un población agraria envejecida, que haya un mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros, y evitar la reducción de sustancias activas fitosanitarias mientras no existan alternativas eficaces probadas.

Las reacciones por parte de la administración no se han hecho esperar y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha convocado el próximo martes, 13 de febrero, a las organizaciones agrarias para tratar el «problema de mano de obra» en el campo, cifrando en 100.000 los empleos perdidos en este sector en 10 años.

En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado del consejero de Acción Climática, David Mascort, se ha reunido el miércoles con los representantes de las principales agrupaciones agrarias que han llevado a la ciudad de Barcelona más de 2.000 tractores procedentes de diferentes puntos de esta comunidad autónoma. Aragonès, que se volverá a reunir con los representantes del sector en ’10 o 15 días’ tras analizar las demandas presentadas, prevé establecer una ‘ventanilla única’ para reducir el exceso de burocracia.

Por su parte, los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de Ingenieros Técnicos Agrícolas han mostrado su apoyo al sector agroalimentario y se han ofrecido «como interlocutores de un diálogo necesario, y en igualdad de condiciones entre las partes implicadas, que consideran clave para abordar y resolver estos problemas».

Las movilizaciones de agricultores y ganaderos en diferentes puntos de España, no se paran y proseguirán durante este fin de semana y la próxima semana. Redacción.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha respaldado el uso de las Nuevas Técnicas Genómicas (NGT), en la misma línea que habían votado anteriormente las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente. Así, el sector agrario europeo ha obtenido otra victoria en las instituciones comunitarias motivada por el intenso trabajo reivindicativo de las organizaciones profesionales.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), tanto de manera directa como a través de ASAJA, el COPA–COGECA y la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), «ha liderado una duradera campaña informativa y reivindicativa dirigida a los representantes políticos con competencias en agricultura». Su presidente Cristóbal Aguado ha manifestado que «sería increíble que el CRISPR, un invento de un alicantino, Francis Mojica, se hubiese aplicado exitosamente en todas las potencias agrarias del mundo excepto en el continente en el que se creó. Esta tecnología va a permitir a la UE subirse por fin al tren de la innovación y obtener cultivos mejor adaptados al cambio climático, con menos necesidades de productos fitosanitarios y más económicos para el bolsillo de los consumidores. Es una medida beneficiosa no solo para el campo, sino para el conjunto de la sociedad europea».

Según AVA–ASAJA, la aprobación de la regulación de las Nuevas Técnicas Genómicas «marca un paso trascendental para el sector agroalimentario europeo, evitando que se quede atrás en materia de innovación tecnológica frente a los países competidores. El CRISPR resulta la herramienta más eficaz en el camino hacia una agricultura más sostenible y productiva».

Esta organización agraria ha recordado que este era uno de los compromisos adquiridos por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con el COPA–COGECA, que incluye la organización española ASAJA, en el transcurso de la reunión del pasado 1 de febrero en Bruselas. Sin embargo, ha reiterado «la necesidad de cumplir otras promesas lanzadas como simplificar la Política Agrícola Común (PAC) antes del próximo Consejo de Agricultura Europeo, no cerrar el acuerdo de Mercosur sin garantizar las cláusulas espejo o cambiar el estatus del lobo a especie cinegética, entre otras reivindicaciones que garanticen una rentabilidad digna».

El uso de estas técnicas, permitirán acortar significativamente el tiempo necesario para poner una variedad nueva en el mercado pasando de los 10–12 años actuales a apenas 4–5 años, han explicado desde la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE). Este objetivo «es esencial para poder hacer frente lo antes posible a los retos que plantea el Pacto Verde europeo, los efectos derivados del cambio climático y las crisis geopolíticas que impactan en la cadena de suministro alimentario». Para añadir al respecto que esta iniciativa legislativa permitirá a España «mantener su liderazgo en I+D+i en obtención de nuevas variedades garantizando la seguridad de las semillas de alta calidad y apoyando la transición hacia un sistema alimentario resiliente y verdaderamente sostenible».

Finalmente, y ante las presiones recibidas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyden, ha anunciado que retirará su propuesta de Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (‘SUR’) que pretendía reducir un 50% el uso de pesticidas para hacer frente a las plagas y enfermedades y el riesgo de los plaguicidas químicos, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos para el 2030. Cabe señalar que su tramitación ya había fracasado tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo, donde su pleno ya había rechazado el pasado 22 de noviembre el informe de la propuesta de la Comisión de dicho reglamento.

Van der Leyden ha indicado que retomará las consultas con el sector antes de presentar una nueva propuesta «mucho más madurada con la participación de las partes interesadas».

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), Cristóbal Aguado, ha señalado ante este anuncio que «la presidenta de la Comisión Europea empieza a cumplir las promesas que lanzó el pasado jueves a ASAJA. Para nosotros este reglamento era una barbaridad ideológica sin base científica, un eslogan político dirigido al ecologismo radical, que situaba un porcentaje arbitrario de reducción de fitosanitarios. ¿Por qué un 50% y no un 80%, un 30% o un 0%? Los agricultores somos los primeros que queremos usar menos productos fitosanitarios, porque nos cuestan dinero y esfuerzo, pero si nos quitan una materia activa la Administración nos debe facilitar alternativas eficaces contrastadas». Y ha añadido que «continuar así lo único que provocaría sería disminuir la producción europea y seguir aumentando el precio de los alimentos a los consumidores».

Esta organización agraria ha reiterado la necesidad de establecer reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros, para que «todas las exigencias que la UE decida aprobar a los productores europeos (como prohibir determinadas materias activas fitosanitarias) sean de obligada aplicación para las producciones foráneas con destino al mercado comunitario».

Por su parte, FEPEX ha valorado el anuncio realizado por la presidenta de la Comisión Europea, efectuado «en un contexto de fuertes protestas de los agricultores de la semana pasada en Francia y distintos Estados miembros, que han comenzado también en España». En este sentido, «supone el rechazo formal de un proyecto de Reglamento que la propia Comisión Europea había presentado en junio de 2022, en el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa, y que ya estaba prácticamente rechazado en su tramitación».

Tras la retirada de este proyecto de Reglamento, desde FEPEX se espera que la Comisión Europea «presente un nuevo texto normativo, en el que se tenga en cuenta las condiciones de producción en la UE, sometida a una mayor presión legislativa que la existente en países terceros, que después exportan sus productos al mercado comunitario».
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