El 22 de junio se publicó la revisión que la Comisión Europea (CE) plantea realizar de la Directiva 2009/128/EC sobre uso sostenible de fitosanitarios. La propuesta, que plantea que en todas las zonas llamadas ‘sensibles’ quede prohibido aplicar plaguicidas, en la actualidad sobre la mesa «modifica la actual directiva –la más restrictiva del mundo- y la transforma en un reglamento». El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) ha alerta que, de aplicarse como está redactada, tendría un impacto «enorme e inasumible», porque en poco tiempo «las plagas se descontrolarían y las restricciones degenerarían en un abandono de campos ‘masivo’, especialmente en la Comunidad Valenciana, en la que la práctica totalidad del área citrícola quedaría dentro de estas zonas». 

Así se ha manifestado la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu, tras conocer al detalle el alcance de lo planteado por la CE. Esas áreas ‘sensibles’ abarcarían las zonas verdes abiertas al público en general, las usadas mayoritariamente por grupos vulnerables, zonas verdes urbanas…, restricciones que la patronal que aglutina a los exportadores privados de cítricos considera justificadas. No es el caso de las también referidas como ‘ecológicamente sensibles’ que incluyen las así contempladas en la Directiva Marco del Agua, Red Natura 2000, los parques protegidos e incluso los espacios que en el futuro reserve la nueva regulación en materia de polinizadores, aún pendiente de aprobación. Como denunció AVA–ASAJA recientemente, «tal descripción afectaría al 30% de la superficie agraria del país, pero –en el caso concreto de los cítricos– su impacto sería mucho mayor porque en esas tierras se asientan gran parte de las plantaciones de mandarinas y naranjas». De aplicarse así, la merma en la producción en estas áreas –que dejarían de poder ser tratadas con fitosanitarios– «sería extremadamente grave en el caso de la Comunidad Valenciana y muy considerable en otras zonas productoras como Andalucía (Almería y Huelva), Murcia y la zona próxima a la desembocadura del Ebro en Tarragona».

El CGC ha señalado que no se opone «a seguir dando pasos en favor de una producción citrícola cada vez más sostenible. De hecho, sus empresas han venido cumpliendo la actual directiva y hoy ya aplican los principios de la gestión integrada de plagas».

En materia de producción y comercialización de mandarinas y naranjas, se han producido también grandes avances en los programas de ‘residuo cero’. Sin embargo, para seguir avanzando en esta dirección, el Comité reclama que «antes se tiene que garantizar al sector que las alternativas biológicas a los insecticidas, herbicidas o fungicidas convencionales, sean eficaces y que los procesos para disponer de estas herramientas se agilicen». Al respecto, Sanfeliu ha denunciado que «la retirada del Clorpirifos y Metil–Clorpirifos ha servido para evidenciar que la estrategia de lucha biológica aún tiene serias limitaciones. Hoy seguimos sufriendo pérdidas millonarias por plagas nuevas que hasta ahora manteníamos a raya. Y mientras tanto, las importaciones europeas de naranjas y mandarinas desde países terceros siguen presentando de forma masiva residuos –como en Turquía– de este pesticida».

Por todo ello, el CGC ha apuntado que los cambios en esta materia «deben de simultanearse con medidas que garanticen el cumplimiento del principio de reciprocidad, esto es, que la producción europea pueda concurrir al mercado comunitario y competir con las mismas condiciones que la importada desde países terceros». Cuestión que, más allá de aumentar los controles para tales frutas foráneas, «pasaría por incorporar las llamadas ‘cláusulas espejo’ a todos los acuerdos comerciales suscritos por la UE, como reclama el Gobierno de España».

De no ser así, «se cumplirán los augurios ya manifestados por los sucesivos estudios realizados para evaluar el impacto de la estrategia verde ‘De la granja a la mesa’». En todos los casos se concluye que «su aplicación supondría caídas drásticas de la producción agroganadera de entre el 5 y el 15%, que en el caso de los cítricos españoles sería muy superior; agravaría el déficit comercial de la UE en alimentos; impactaría fuertemente sobre los precios y sobre las rentas de los productores… Y el objeto perseguido se vería compensado por el aumento de los mismos en el resto del mundo».