Expertos del mundo agrario y jurídico han reclamado al Gobierno que haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria «de manera útil para los productores y consensuada, de modo que todos los eslabones sean capaces de acordar una aplicación justa». Estas son algunas de las conclusiones de la jornada ‘Análisis del funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria’, organizada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Asociación de Operadores de Variedades Vegetales (ASOVAV), y realizada en la Universitat de València. 

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha defendido que «una sociedad madura necesita prácticas respetuosas y transparentes para que todos los eslabones de la cadena perciban un precio justo. Esta ley es una invitación de madurez a todos ellos. Desde productores hasta consumidores deberíamos sentarnos en una mesa, llegar a acuerdos y fortalecer cada parte para conseguir una cadena más fuerte». Por ello, «si la ley funcionara correctamente, no habría la necesidad de que los agricultores denunciaran a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), directamente o a través de AVA-ASAJA, por eso es tan importante alcanzar consensos con los otros agentes y evitar futuras sanciones». 

En la misma línea, el presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato, ha declarado que «el eslabón débil, cuanto más fuerte sea, más fuerte será la cadena. El reparto de beneficios debería ser un tercio para el productor, un tercio para el transformador y un tercio para el que vende el producto. Si no nos movemos en esos equilibrios, la cadena no funciona». 

El catedrático de Derecho Civil, Javier Plaza, la profesora de Derecho Civil, Francisca Ramón, y el profesor de Derecho mercantil, Benjamín Saldaña, han subrayado «la debilidad del eslabón productor pese a esta ley que le protege. Si se cumpliera, supondría la clave de bóveda para garantizar la rentabilidad y, por tanto, la sostenibilidad del sector agropecuario valenciano». 

Por su parte, la directora de la AICA, Gema Hernández, ha respondido que si este órgano sancionara la destrucción de valor a un operador en función de unos costes de producción publicados «no tendría recorrido porque la ley se refiere al coste asumido por cada productor y porque se estarían fijando precios mínimos. Incluir el coste particular en el contrato no es una cláusula obligatoria y, aunque el productor reconozca que el precio estipulado cubre sus costes, puede denunciar al operador comercial porque para mí es una cláusula irrelevante». 

Finalmente, secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, ha animado a los productores a aprovechar al máximo los instrumentos de mejora y ayuda que ofrece la ley de estructuras agrarias «a fin de que puedan poner en marcha unidades de cultivo más eficientes que permitan incrementar la rentabilidad».